Desde la liberación de Ingrid Betancourt, el 2 de julio de 2008, los otros rehenes secuestrados por la guerrilla colombiana desaparecieron de la agenda mediática. Sí se supo que el pasado 13 de enero el presidente colombiano Álvaro Uribe recibió en Washington, de manos de su homólogo estadounidense George W. Bush, la medalla presidencial de la libertad. Todo un símbolo, cuando la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe es sinónimo de importantes violaciones de los derechos humanos y constituye una barrera al desarrollo de la sociedad civil y a la resolución de la guerra interna que carcome a Colombia desde hace más de cincuenta años.
Centro de Bogotá. A la entrada de un rascacielos vigilado por cámaras, un guarda pregunta mecánicamente: piso, razón de la visita, documento, número de teléfono. A cambio, un pase autoriza a atravesar el hall, da derecho a un cacheo minucioso y permite el acceso a los ascensores. En el vigésimo quinto piso, otro guarda hace las mismas preguntas. Por último, dos puertas blindadas y una cámara de seguridad marcan la entrada a las oficinas: organizaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos, partidos políticos, organismos independientes. A veces, además de los guardaespaldas, una ambulancia sigue los trayectos de un político de la oposición que se desplaza en auto blindado.
¿Será un mito la “seguridad democrática”, esa enérgica política del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien llegó al poder en 2002? Numerosos magistrados, miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicalistas, políticos o políticas e incluso algunos periodistas parecen pensar eso. Según Alirio Uribe, defensor de los derechos humanos, sólo algunos privilegiados –la elite, las empresas, las multinacionales– se ven beneficiados con dicha política. En cambio, “todos aquellos que critican la política del Presidente o se oponen a su régimen son satanizados”. Cuando no asesinados. En silencio: los medios están muy ocupados.
Muy ocupados cuando expresan una emoción legítima: “Ingrid Betancourt, rehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)” (desde el 23 de febrero de 2002), o un alivio compartido: “¡Ingrid liberada!” (el 2 de julio de 2008); cuando se entusiasman definitivamente: “Betancourt se encuentra con Sarkozy”, “‘IB’ Women World Awards 2008/2009”, “Santa Ingrid con el Papa”, “La ex rehén vuelve a Colombia” con una única preocupación (por lo demás, incuestionable): “¡No más secuestros!”. Las FARC todavía retienen a 28 “prisioneros políticos”, civiles, militares o policías, con la intención de cambiarlos por guerrilleros apresados.
Las otras víctimas
El 28 de noviembre de 2008, cientos de miles de manifestantes ostentando remeras blancas atravesadas con la inscripción “Colombia soy yo” desfilaron por las principales ciudades del país y por capitales extranjeras (París, Madrid, etcétera). Como en otras circunstancias, la manifestación, que gozó del apoyo (implícito) del poder colombiano y (explícito) de los medios nacionales y extranjeros, señaló con el dedo a uno solo de los protagonistas del conflicto colombiano: la guerrilla (1).
Curiosamente, el 6 de marzo de ese mismo año, una manifestación contra la violencia de Estado no se había visto beneficiada de la presencia de los reflectores ni las cámaras: “Marchamos para protestar contra las fosas comunes, las masacres, los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos de la población, pues se propagó la idea de que había que mostrarse más solidario con los rehenes, y con una rehén en particular, que con las víctimas del Estado y los paramilitares”, explica Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y los Desplazamientos (Codhes), una organización no gubernamental (ONG). Mientras José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo Escobar (el difunto barón de la droga) y asesor del presidente Uribe, calificaba a esta demostración como “marcha promovida por las FARC”, las Águilas Negras, nueva apelación de los grupos paramilitares, proferían amenazas de muerte contra los organizadores y los participantes. Sin embargo, convencidas de que la sociedad civil no debe flaquear “cada vez que los paramilitares o el Presidente las amenazan”, como exclamó un manifestante, más de 300.000 personas se movilizaron en Colombia.
Una semana después, seis organizadores de esa marcha fueron asesinados. Diez sindicalistas corrieron la misma suerte en el lapso de un mes. Único consuelo: “Aunque no tiene los apoyos institucionales, económicos y mediáticos de los que gozó la marcha contra las FARC, en la cual nosotros participamos, la marcha del 6 de marzo rompió con el unanimismo que se nos quiere imponer y con la idea de que la violencia proviene únicamente de las guerrillas”, cuenta un organizador.
Hostil a cualquier diálogo con la oposición armada, el jefe de Estado privilegió la vía militar desde su llegada al poder. Entre 2002 y 2007 murieron 13.634 civiles, víctimas de la violencia política (2). Según el Codhes, de las cuatro millones de personas desplazadas a la fuerza desde 1985, tres millones lo fueron durante el gobierno de Uribe (3).
Para el abogado Sergio Roldán, esos traslados de población no se deben en nada al azar: “Los campesinos que se niegan a cultivar la hoja de coca son desplazados en beneficio de los narcotraficantes. Vía estratégica de transporte de armas y droga, la tierra es a la vez limpiada de su población en beneficio de los grupos armados. A fin de cuentas, es una fuente de explotación comercial. Para las industrias nacionales e internacionales, su acumulación es un punto clave, en el que el Estado también está implicado”.
Marco Romero, presidente del Codhes, calcula que el número de hectáreas expropiadas o “vendidas ilegalmente por funcionarios corruptos” asciende a 6.800.000. En este sentido, el caso del Chocó, la región de la costa del Pacífico donde viven las comunidades afrocolombianas, es emblemático. Miles de campesinos, obligados a huir de la violencia, abandonaron sus tierras “a los megaproyectos previstos para el cultivo de la palmera africana, utilizada en la fabricación de biocombustibles” (4).
“El período ‘uribista’ –cuenta Daniel Maestre, desplazado de la comunidad Kankouamo– es el más represivo que nuestras comunidades (indígenas) jamás conocieron. Hacer valer nuestros derechos y territorios reconocidos en la Constitución de 1991 y en las Cartas internacionales es muy difícil.” Víctimas de los paramilitares, de la guerrilla y del ejército –implicado en más del 60% de los casos, según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC)–, más de 1.200 indígenas fueron asesinados durante los últimos seis años. “La ‘seguridad democrática’ mató a más gente que a la que ayudó”, confirma Jairo Chicaza, un indígena Embera-Katio (5).
Unos 40.000 indígenas que exigían del gobierno “respeto por sus vidas y la apertura de un diálogo” se movilizaron a partir del 12 de octubre de 2008. Violentamente reprimida por las fuerzas del orden –cuatro muertos y un centenar de heridos en la comunidad “La María Piendamó”–, los indígenas desmienten las acusaciones del presidente Uribe que justifican la acción militar. “Nuestro movimiento es pacífico y no está aliado con las FARC –afirma Ayda Quilcue–. Si no, si todos los que sufren con la gran crisis social son delincuentes, guerrilleros, como dice el Presidente, ¡entonces todos los colombianos son miembros de las FARC!”
Jessica Hoyos, joven militante de la asociación Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, no dice otra cosa: “Debemos recordar quiénes eran nuestros padres, porque murieron en la indiferencia más absoluta. No eran terroristas sino gente que, por su trabajo o sus convicciones, querían mejorar este país. Es sólo que si uno se pronuncia contra Uribe, enseguida se convierte en un antipatria, un guerrillero; es por eso que hay tantos muertos y tanta gente obligada a exiliarse”.
El jefe de Estado se niega a admitir la existencia de un conflicto político en un país que padece una guerra interna desde los años ’50. La “amenaza terrorista” le alcanza como explicación. Para “pacificar” el país, el ejército pactó hace tiempo con los paramilitares, que combaten masivamente contra… campesinos, estudiantes, profesores, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y militantes políticos.
La “parapolítica”
Las familias de las víctimas que habían depositado todas sus esperanzas en las audiencias judiciales previstas por la ley llamada “Justicia y Paz”, adoptada en 2005 para “desmovilizar” a los paramilitares y echar luz sobre sus crímenes, enseguida se vieron desengañadas (6). Reunidas en torno al Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), hoy luchan contra el olvido y la impunidad “premeditada” del Presidente, quien extraditó a Estados Unidos a catorce de los jefes paramilitares más poderosos, donde serán juzgados por narcotráfico. En Colombia, acusados de crímenes contra la humanidad, podían hacer revelaciones incómodas sobre sus alianzas pasadas con la clase política.
Más de 170 funcionarios de Estado ya se han visto implicados en el escándalo de “la parapolítica”, un término que designa la colusión entre paramilitares, políticos y legisladores locales, cercanos o pertenecientes al movimiento del presidente Uribe. Entre ellos se encuentra Jorge Noguera, ex mano derecha del jefe de Estado y director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (7), detenido (y luego liberado) por haber puesto esa institución al servicio de los paramilitares y por haberles entregado una lista de dirigentes sindicales, profesores universitarios y opositores a asesinar (8); Guillermo Cossio, fiscal del departamento de Antioquia y hermano del ministro del Interior y de Justicia, relevado de sus funciones por sus vínculos “narcoparas”; Carlos García, presidente del muy uribista Partido U, etcétera.
Treinta y seis legisladores de la mayoría y dos ex presidentes del Senado están encarcelados, mientras que más de 65 diputados de la mayoría están siendo examinados. Fue arrestado el general Rito Alejo del Río, ex comandante de la 17ª Brigada con base en Carepa (comuna de Urabá, dependiente del gobierno de Antioquia, departamento gobernado por Uribe entre 1995 y 1997) y responsable, según el jefe paramilitar Ever Veloza (llamado “H.H.”), de la expansión del paramilitarismo en el país.
Paradójicamente, afirma Iván Cepeda, presidente del Movice, “estos acontecimientos vuelven nuestro trabajo más difícil todavía; el Presidente defiende a las personas vinculadas con los paramilitares y la mafia y nosotros nos convertimos en su blanco: veinte de nuestros dirigentes han sido asesinados desde 2005”. Sobre todo en los departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba, donde “al imponer un régimen del terror, los ‘paras’ deciden quiénes serán los representantes políticos, los decanos de las universidades, los funcionarios, etcétera. En una de esas zonas está la hacienda del Presidente, ubicada cerca de la de (el jefe paramilitar) Salvatore Mancuso. Podemos afirmar con seguridad que el que vive en la región, el que conoce la región, sabe lo que pasa allí”.
A pesar de la “desmovilización”, en 28 departamentos (de 32), actuarían estructuras paramilitares en toda libertad y con la bendición de las elites (9). Incluso en el exterior, informa Cepeda, las víctimas del Estado exiliadas o refugiadas ya no están seguras: “Acusadas de pertenecer a las FARC, son perseguidas por las dependencias diplomáticas de Colombia”.
Al igual que el diario El Tiempo, fuente de información de la prensa extranjera y propiedad de la familia del vicepresidente (Francisco Santos) y el ministro de Defensa (Juan Manuel Santos), los canales de televisión como RCN (Radio Cadena Nacional) y Caracol (Cadena Radial de Colombia) sirven como cajas de resonancia para la propaganda del poder.
Para aquellos que, en nombre de una prensa independiente, “luchan contra la visión falseada de la realidad, contra el unanimismo y el uribismo”, como Antonio Morales, quien regresó al país luego de seis años de exilio y dirige el nuevo diario Polo, las dificultades comienzan con las campañas “que impiden la distribución del diario y el acceso a la publicidad”. Acusados por el Ejecutivo de “favorecer los actos terroristas” porque cubren “las violaciones de los derechos humanos”, otros, como Holman Morris, periodista del programa de televisión Contravía, están amenazados de muerte. En suma, afirma este último, “no tenemos más alternativa que convivir con esas amenazas o practicar la autocensura”. No es necesario señalar que, en las zonas paramilitares, la libertad de expresión y el pluralismo político han desaparecido.
Sin embargo, observa el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gustavo Petro, “aun cuando estamos todos amenazados de muerte y padecemos la voluntad de destrucción del Presidente, los partidos de izquierda o de oposición existen en las ciudades. Es difícil matar a todo el mundo en la calle o acompañar con un arma a la gente que va a votar”. Ello explicaría en parte la elección de alcaldes de la oposición en las tres grandes metrópolis del país: Bogotá, Medellín y Cali. “En las regiones de César y Magdalena –recuerda con orgullo el senador, al evocar esos feudos paramilitares donde no hay más que un candidato (¡el de ellos!)–, ganó el voto en blanco.”
Aunque las manifestaciones de resistencia pacífica de la sociedad civil se multiplican, el temor a las represalias sangrientas persiste. “Con un gobierno tan autoritario e intolerante como el de Uribe, la oposición política no armada corre riesgos muy grandes –afirma Carlos Gaviria, presidente del PDA–; el gobierno no nos ve como una necesidad, sino como una traba a la democracia.” Confrontado a los ataques del Presidente y a los múltiples asesinatos de sus dirigentes, este nuevo partido, que reúne a la izquierda del país, todavía recuerda el exterminio (4.000 muertos) de los militantes de la Unión Patriótica en los años ’80 (10). Ante ese hito de la historia política de Colombia, ¿cómo no se va a considerar que existe “una lógica de Estado que empuja a la sociedad civil a la lucha armada”?
Absolutismo presidencial
Deseoso de postularse para un tercer mandato, el Presidente sueña visiblemente con desmantelar la Constitución de 1991. Ya logró hacerla revisar, no sin antes comprar los votos de algunos parlamentarios, para hacerse reelegir en 2006 (11). Para Fernando Cifuentes, procurador de la República, “los métodos del Presidente, las violaciones al texto constitucional y la ‘parapolítica’ no respetan los principios fundamentales de la democracia. Si esto sigue, nos dirigimos a una dictadura totalitaria”.
Según los testimonios, la llegada de Uribe a la cabeza del Estado, en efecto, no sirvió de mucho para la Justicia. “El Ejecutivo ejerce una verdadera presión sobre nosotros por las vías económica y política –exclama Esperanza Delgado, presidente de Asonal Valle del Cauca (un sindicato de magistrados)–. Trabajamos con garras y dientes y la Justicia no es respetada. Algunos fiscales nombrados por el procurador general de la Nación, él mismo elegido por el Presidente, deben actuar como se les pide, porque si no se los destituye o se los asesina. En el ámbito de la ‘parapolítica’, la Corte de Justicia tiene las pruebas y los testigos para juzgar y condenar a los diputados. Pero en lugar de dejarla hacer su trabajo, el Presidente la ataca apenas tiene la oportunidad de hacerlo.”
Una intervención patente en el caso de Mario Uribe, senador y primo del Presidente. Acusado y condenado en abril de 2008, el vicefiscal general lo liberó cuatro meses después “por falta de pruebas”. El fiscal Ramiro Marín, que había ordenado su arresto, renunció, “no porque Mario Uribe haya sido liberado, sino porque, en el proceso, la independencia de la Justicia fue pisoteada y con ella mi honor personal, familiar y profesional. Para mí estaba claro que había una suficiente cantidad de pruebas reales como para proceder a un arresto” (12).
Mientras la Justicia utiliza la ley para tratar de luchar contra el absolutismo presidencial, las estrategias del Gobierno para deslegitimar a los funcionarios de la Corte Suprema emanan de la Casa de Nariño, el palacio presidencial. Desde hace algunos meses, se reúnen altos funcionarios del Estado y emisarios paramilitares. ¿Su misión? Buscar pruebas contra los “prevaricadores golpistas que les hacen el juego a la guerrilla y al terrorismo”. Es así como Uribe califica a esos magistrados y jueces de instrucción que hurgan en la “parapolítica”. “Esas acciones ponen en peligro nuestras vidas y toda la credibilidad de nuestra institución y nuestra acción –afirma Delgado–. ¡Si el jefe de Estado se burla de la Justicia, imagínese los delincuentes!”
En todo el país ya hubo huelgas generales de funcionarios del Poder Judicial y es tan fuerte la indignación que los bloqueos se intensifican. En septiembre de 2008, durante 44 días, un movimiento nacional a favor de la independencia de la Justicia y la revalorización salarial movilizó a más del 80% de los efectivos de la institución judicial. Cerrado a todo diálogo, el jefe de Estado replicó decretando el estado de emergencia.
Y cuando no es el ejército, es el terror anónimo el que neutraliza el descontento. La noche del 31 de agosto, una bomba destruyó el Palacio de Justicia de la ciudad de Cali. Además de costar la vida a cuatro personas, con el atentado se hicieron humo expedientes instruidos para la inculpación de criminales. “No nos sentimos seguros –dice una fiscal–. El Presidente se apresuró a decir que se trataba de un atentado de las FARC, pero no se sabe nada. Yo tenía expedientes sobre narcotraficantes, paramilitares y políticos. Las audiencias estaban previstas para esta semana. Ahora no tengo nada, mi oficina fue completamente destruida.”
Para los sindicatos, esta guerra encarnizada contra “el terrorismo” tiene como objeto camuflar los fracasos del poder: un desempleo en alza, una economía en baja, 70% de pobres y 27% de aumento de las plantaciones de hoja de coca (13). En semejante contexto, ¿por qué Uribe entablaría un diálogo o negociaciones con la oposición armada? “Sin las FARC –afirma el sindicalista Luciano Sanin–, su política no tendría ningún sentido. Debe mantener la amenaza terrorista para justificar sus medidas de ‘seguridad democrática’, los gastos militares (el 6% del PBI) y la ausencia de inversión social.”
Acusados por el Presidente de “desestabilizar el Estado”, los sindicalistas se sienten más amenazados que nunca. “La cultura política de Colombia siempre rechazó el sindicalismo –sigue Sanin–, pero es la primera vez que tenemos un régimen tan neoliberal y represivo.” Según la Escuela Nacional de Sindicalistas (ENS), 2.684 sindicalistas fueron asesinados en 22 años; de ellos, 473 lo fueron durante los dos mandatos de Uribe (41 en 2008).
La acción de los sindicatos en el Congreso estadounidense condujo a los demócratas a suspender la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) Colombia-Estados Unidos. Principal objetivo de Uribe, ese revés explicaría en parte la represión. Pero para el presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), Tarcisio Mora, “el Presidente (también) quiere hacer realidad el sueño neoliberal: disponer de una mano de obra barata, explotable a voluntad, sin derechos ni sindicatos”, según el modelo de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), donde los emplea¬dores se ven eximidos de cualquier obligación de negociación colectiva y de gastos en salud y jubilación.
Este sistema, que limita los derechos de los empleados y debilita la fuerza de los sindicatos, rige en el ejército de trabajadores de las empresas azucareras del Valle del Cauca. Sin ningún tipo de protección social, cortan la caña de azúcar con machete durante catorce horas por día, siete días a la semana, por poco más de 200 dólares mensuales. Durante una huelga iniciada el 15 de septiembre, cerca de 18.000 cortadores de caña exigieron condiciones de trabajo decentes y el fin del sistema de las CTA. Fue necesario un cese de actividades de 56 días para que pudiera llegarse a un acuerdo con el Ministerio de Protección Social que mejorara las condiciones de trabajo. Mientras tanto, como el Gobierno había presentado al movimiento como “una protesta de delincuentes infiltrados por las FARC”, el ejército había intervenido violentamente, causando más de cien heridos.
Los otros sectores económicos no escapan a esta realidad. “De 19 millones de trabajadores –señala Mora–, menos de cinco millones gozan de protección social. Apenas 850.000 están organizados y uno de cada cien dispone de un acuerdo colectivo.” En cinco años, según la ENS, el Ministerio de Protección Social se negó a registrar 515 nuevas organizaciones sindicales, lo cual confirma los dichos de Sened Niño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode): “En este país, es más fácil armar una guerrilla que un sindicato”.
Exponiendo su vida y la de sus familias, los sindicalistas colombianos ejercen en efecto una actividad suicida. “Tengo que esconderme, proteger mi vida y la de mis hijos, mudarme cada vez que saquean mi casa y recibir amenazas de muerte –cuenta una dirigente–. Para mi familia, ser sindicalista es lo peor que le puede pasar a alguien en este país.”
En cuanto a las mujeres, las salvajadas que padecen “se expresan por fuera de los esquemas que caracterizan la violencia política –analiza Pilar Rueda, profesora de la Universidad de La Salle–. Se las apuñala para que parezca un crimen pasional, son víctimas de abusos sexuales o trabajos forzados y representan el 70% de la población desplazada”. En pocas palabras, concluye Rueda, con el pretexto de combatir la guerrilla “los paramilitares combaten contra una sociedad civil no armada”.
Sin garantías para defender sus derechos, la lucha no violenta de la sociedad colombiana que quiere construir una verdadera democracia en un país en guerra parece una apuesta. Sin embargo, el país rebosa de iniciativas individuales y colectivas alimentadas por la esperanza de obtener algún día el apoyo de la comunidad internacional. “No podemos competir con los medios, las armas, el dinero o el poder –afirma Lilia Solano, defensora de los derechos humanos–, pero podemos perseverar en nuestra lucha. No sé si no estaremos sufriendo una locura colectiva, pero nunca dejaremos de resistir.” ♦
REFERENCIAS
(1) Sin embargo, la movilización fue mucho más débil que la manifestación anterior en apoyo a los rehenes, el 20 de julio: esta última había reunido a cuatro millones de personas.
(2) En Colombia, hay ONG que acusan al Estado de “la mayoría de las violaciones de los derechos humanos”, Le Monde, París, 27-9-08.
(3) Unas 305.000 personas fueron víctimas de los desplazamientos forzosos en 2007; 270.000 durante el primer semestre de 2008. Amnesty International, “La población civil, víctima del conflicto interno”, 28-10-08, www.amnesty.org/ es/for-media/press-releases/colombia-paz-conflicto-armado-datos-cifras-20081028
(4) El Nuevo Herald, Miami, 15-10-08.
(5) Según la ONIC, de 1.350.000 indígenas –102 pueblos, 64 lenguas y 4% de la población–, el 45% no tiene territorio, el 80% vive en situación de pobreza extrema y casi 54.000 fueron desplazados por la violencia.
(6) Según el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de los 31.671 paramilitares desmovilizados, sólo 116 han sido llevados a juicio y ninguno fue condenado.
(7) A la vez, policía política y servicios de inteligencia.
(8) Por otra parte, en 2004 Noguera orquestó, con la ayuda del dirigente paramilitar Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, un plan de desestabilización de Venezuela; también, durante las elecciones de 2002, dirigió un gran fraude electoral sin el cual el presidente Uribe no habría podido ser elegido en primera vuelta.
(9) En 2007, la Comisión de Reparación y Reconciliación nacional mencionaba que ente 3.500 y 5.000 combatientes que pertenecían a grupos “disidentes, rearmados y recientes” operaban en 200 municipalidades (de 1.098), en 22 departamentos. Amnesty International, op. cit.
(10) Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, “Vida y muerte de la Unión Patriótica Colombiana”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, mayo de 2005.
(11) Como la Constitución no permite que un jefe de Estado asuma dos mandatos sucesivos, Uribe habría corrompido a la congresista Yidis Medina para que votara a favor de la reforma. El texto fue aprobado gracias a ese voto.
(12) “Por qué renuncié”, Semana.com, 30-8-08.
(13) El sistema de medida del cultivo de la hoja de coca de las Naciones Unidas (Simci) informa, en junio de 2008, un aumento del 27% de la zona cultivada en 2007, lo cual representa un regreso a los niveles de cultivo obtenidos en 2002. Transnational Institute,“A propósito de las cifras de la coca”, Ámsterdam, septiembre de 2008.
http://www.eldiplo.com.pe/No-todos-los-colombianos-se-llaman-Ingrid
